Una de las 48 banderas negras que este año ha concedido Ecologistas en Acción en todo el Estado -más de 8.000 kilómetros de costas españolas- ha ido a parar a la bahía de Xàbia. Toda una mala noticia para una población que ha hecho de la preservación medioambiental uno de sus emblemas durante los últimos años y que llega además en pleno verano .

Sin embargo, el análisis que esta entidad ha efectuado pone de relieve que esta bahía es «una de zona de gran interés ecológico, con excelentes praderas de Posidonia y colindante con una reserva marina que sin embargo sufre toda una serie de agresiones que ponen en peligro su calidad ambiental». Por eso considera que se merece la bandera negra a causa de su contaminación. Estas son las causas concretas:

La primera razón estaba cantada: las famosas plagas de toallitas blancas. Describe Ecologistas en Acción que desde 2016 hasta ahora, al menos un par de veces al año y siempre coincidiendo con lluvias fuertes y temporales, la costa aparece llena de toallitas y otros desechos procedentes de las aguas residuales urbanas. «Estos vertidos son masivos y su extensión es de un par de kilómetros, desde el puerto hasta la playa de l’Arenal.

La EDAR (Estación de Depuración de Aguas Residuales) de Xàbia no se ha responsabilizado públicamente de estos vertidos, admiten los conservacionistas, «pero es fácil demostrar que los vertidos proceden de la misma EDAR, ya que el emisario está justo en la zona de vertidos, a unos cientos de metros mar adentro».

La segunda razón también es una especie de fotofija muy recurrente en los últimos años en el litoral xabienc: en la misma zona donde se encuentra el emisario hay decenas de neumáticos en el fondo marino. En noviembre de 2020, el grupo comarcal de Ecologistes en Acció de la Marina Alta realizó una limpieza submarina en la que se extrajeron 41 neumáticos, además de tuberías de PVC y numerosos postes de valla metálica. Pero aún quedan más de 40 neumáticos en el fondo del mar.

Ecologistas en Acción da detalles sobre el origen de estos residuos. Sobre los neumáticos «sospechamos que proceden del cercano puerto dedicado a la náutica deportiva (la Fontana), ya que hace unos años se utilizaban neumáticos para amortiguar los golpes de las embarcaciones contra la dársena».

Y en cuanto a los postes y las tuberías proceden de la parcela propiedad de la familia de un antiguo ministro franquista, Mariano Navarro-Rubio. «El origen de esta propiedad recuerda al famoso caso del pazo de Meirás» explica el informe para los profanos: «El ministro adquirió a un precio simbólico numerosos terrenos en el municipio entre ellos una parcela litoral en la que había restos de una piscifactoría romana y otros edificios de valor arqueológico sobre los que construyó un chalet; a consecuencia del temporal Gloria de 2020 la valla fue destruida, así como el sistema de drenaje de las antiguas balsas de la piscifactoría. 

Ecologistes en Acció de la Marina Alta ha insistido sin éxito en que esos escombros sean retirados para que no acaben en el mar, afectando a las comunidades litorales. «Además consideramos que al igual que el pazo de Meirás, la parcela y el chalet deberían volver a ser públicos».

Por otro lado, en la Cala Blanca se acumulan habitualmente plásticos de origen desconocido. Gracias a las labores de voluntariado en múltiples limpiezas subacuáticas se han extraído gran parte de estos residuos, aunque con el tiempo vuelven a aparecer.

En la misma bahía de Xàbia, la cala del Pope «ha sido destruida hasta casi desaparecer», sigue el informe, que lo achaca a la construcción en los años 70 de un chiringuito que fue ampliándose hasta convertirse en en un restaurante con una gran terraza y un enorme dique de hormigón alzados sobre la antigua cala.  Las construcciones obstruyen la cuenca de un barranco, bloqueando así los aportes de sedimentos que podrían regenerar la cala frente a la erosión del mar.

En la zona del Tangó, que pertenece a la teserva marina del cap de Sant Antoni, a principio del verano del 2020 se estaban produciendo numerosos anclajes en las praderas de Posidonia oceánica por parte de embarcaciones de recreo. «Gracias a la presión de los voluntarios que realizaron múltiples llamadas al servicio de guardacosta  se consiguió revertir la situación y las embarcaciones dejaron de echar el ancla». Al menos de momento.

No obstante, entre la cala del Francés y la cala Sardinera en verano llegan a haber en un mismo tiempo cientos de embarcaciones, mucha  de las cuales echan el ancla sobre la posidonia. Aunque en esta zona hay decenas de boyas, «estas no dan abasto frente a la desmedida proliferación y aumento de la náutica recreativa».

Otro problema son las motos de agua: dice el informe que en la zona que cierra la bahía, entre el cap Prim y el cabo de la Nao en verano se produce una «masificación» de  las mismas «que ponen en peligro la vida de buceadores y nadadores e incumplen la normativa de navegación, ya que se acercan a toda velocidad a menos de 200 metros de la costa en zonas no balizadas».

Además de las calas del Ministro o del Pope, que son privatizaciones históricas, en noviembre de 2020 produjo según esta entidad «otra privatización de facto en la cala del Francés ya que su único acceso terrestre fue cortado con una puerta con candados». A finales de enero del 2021 la puerta continua sin poderse abrir pese a tratarse de un acceso histórico utilizado durante siglos.

Al final del informe sobre la concesión de la bandera negra a Xàbia -la única de todas las comarcas alicantinas que ha recibido tan desaconsejable galardón junto a una cala de Orihuela- los ecologistas también proponen soluciones. Algunas de ámbito general, como obligar a las industrias a hacer las toallitas biodegradables o instar a la ciudadanía a ser más responsable y no tirarlas al inodoro.

Pero también solicitan mejoras en la EDAR de Xàbia, que a su juicio «debe tener una gestión adecuada de las aguas pluviales y un filtrado primario efectivo de los mal llamados aliviaderos, que en casos de lluvia vierten al mar este tipo de residuos y aguas residuales sin depurar».

Por otra parte, «las administraciones deben gestionar los recursos marinos y proteger a la ciudadanía frente a las agresiones producidas fuera de la ley». Por eso, Ecologistas en Acción concluye afirmando que «el litoral debe ser público y gestionarse para mantener los hábitats marinos inalterados, conservar la biodiversidad y permitir su uso y disfrute de forma sostenible».

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